La AGCM (el organismo regulador de la competencia y los derechos de los consumidores en dicho país) ha amenazado a los de Cupertino con sanciones de hasta 300.000 euros y hasta un posible cierre temporal de sus instalaciones en la zona por un periodo de hasta 30 días si continúan sin ofrecer los dos años de asistencia gratuita que dictan la Unión Europea y el reglamento local tras la compra de dispositivos electrónicos.
